Cambio bufete por tarantin

La justicia venezolana incursionó en la dimensión desconocida. Tres detallitos para ilustrar:

1. No sabe uno a qué atenerse cuando los representantes de este gobierno declaran públicamente que la nueva Constitución Bolivariana entró en vigencia el día tal, según Gaceta Oficial número tal, pero que "no está vigente", porque estamos en fase de "transitoriedad" y, por lo tanto, se está aplicando otra "constitucioncita" (sic), diseñada a puerta cerrada, no sometida a referéndum, pero útil, según ellos, para regular ese despliegue de aberraciones jurídicas, falsedades y trapisondas en las que están destinadas a ser las instituciones más serias del país.

Sobrepasa los límites de mi inteligencia y mis modestos conocimientos en materia constitucional cualquier insinuación sobre la existencia de un estado de transición en el que la Constitución nacional, sea moribunda o recién nacida, que se supone en vigor desde su publicación en la Gaceta Oficial, no lo esté. Si la extinta Corte Suprema de Justicia estuvo frecuentemente "penetrada de serias dudas", el actual Tribunal Supremo de Justicia está bochornosamente desbarrado.

2. Afirman jueces, fiscales y policías que la culpa de todo la tiene el Código Orgánico Procesal Penal (COPP), que anda realengo por ahí con una especie de grafitti que dice "Haz lo que quieras, aquí no hay ley". Este libre albedrío del que disfrutamos ahora es la genuina expresión de la anarquía y constituye el nuevo Derecho venezolano. Borrada como ha sido la raya amarilla que separaba lo lícito de lo ilícito, ha sido tácitamente derogado el derecho de ejercer una acción jurídica para obtener la satisfacción de una pretensión y, en consecuencia, fulminada la obligación de cumplir con el deber de respetar el derecho ajeno. Al parecer, el COPP es tan complejo e impenetrable que no hay juez que lo comprenda, y mientras se decide si reformarlo o derogarlo, se puede obtener cualquier cosa sin necesidad de inútiles procedimietos judiciales.

3. Gracias a la barrida indiscriminada de jueces que ha hecho la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial -léase Comisión de Desmantelamiento y Destrucción del Sistema Judicial-, no sabemos si los nuevos jueces provisorios son legítimos o no. ¿Quiénes integran el jurado que evaluará la capacidad y los conocimientos de los candidatos a jueces? ¿Quién evaluó a ese jurado y certificó que está en condiciones de evaluar a otros? ¡Bah! No es un secreto que la mayoría de los nuevos jueces han sido nombrados a dedo, sin concurso de oposición.

Después de oír a las partes y a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia durante el antejuicio-querella-acusación contra Luis Miquilena, empecé a considerar la posibilidad de cambiar mi bufete por un tarantín y dedicarme a la economía informal rematando mis libros de Derecho.

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