La justicia deformada

Se sabía que la Justicia era una dama ciega porque no debía ver a quién juzgaba, que la balanza le servía para equilibrar con equidad los derechos de las partes y que la espada representaba la fuerza para hacer cumplir la ley en casos de desobediencia o desacato. A pesar de las muchas agresiones que sufrió durante toda la vida, esta señora se mantuvo como pudo en posesión de sus virtudes y atributos hasta 1999, cuando se decretó la emergencia judicial para purgar al sistema de justicia de sus viejos vicios.

En aquel momento, cayó la venda de sus ojos, se rompió el fiel de su balanza y se opacó el brillo de su espada. La Justicia venezolana se ha visto así comprometida en una enredadera de intereses y voluntades bajo el designio ideológico de una causa que desvirtúa su sagrada misión, descontextualiza sus funciones y condiciona su independencia e imparcialidad.

La imagen del Poder Judicial venezolano, siempre desenfocada, se exhibe ahora más difusa que nunca. Es un problema con graves consecuencias para la seguridad jurídica de los ciudadanos y para la confianza en las instituciones, pues involucra no sólo las libertades y los derechos consagrados en la Constitución y en las leyes, sino al Estado de Derecho en su expresión más amplia. Al haber desaparecido la separación entre los poderes públicos con la fusión y confusión de los Poderes Judicial y Legislativo en el Poder Ejecutivo, no queda espacio para una administración de justicia imparcial, ni para afirmar la independencia de los jueces.

En esta metamorfosis sufrida por el sistema de justicia nacional han influido de manera determinante las actuaciones ejecutadas por los órganos creados a partir del Régimen de Transición del Poder Público (Gaceta Oficial 36.859 del 29-12-00), a saber, la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial y la Comisión Judicial, dirigida por el Tribunal Supremo de Justicia. El objetivo inicial de "adecentar el sistema judicial" fue progresivamente distorsionado hasta su conversión bajo un régimen de prioridades de carácter político, eso que se ha denominado "revolución judicial".

Hace una semana, los decanos de las facultades de Derecho de algunas universidades del país emitieron un pronunciamiento en el que llaman la atención sobre las actuaciones que realizan la Comisión Judicial y el TSJ en los procesos de destitución de jueces, cursos de formación de la Escuela Judicial, criterios de evaluación y selección de los nuevos jueces, y algunas decisiones judiciales del más alto tribunal de la República, en los que no pasa desapercibido el evidente desplante de la Comisión Judicial al prescindir de la cooperación universitaria.

Acaso convenga ver esto desde otro prisma: los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y de la Comisión Judicial hacen un gran favor a las universidades y a los académicos serios al no invitarles a participar en un proyecto que, pensado y ejecutado para favorecer intereses bien precisos, no puede calificarse de reforma judicial.

Quienes son consecuentes con sus principios morales, defensores de la libertad y la justicia, respetuosos de la sociedad venezolana y, sobre todo, responsables con sus estudiantes de Derecho, no prestarían sus hombros para sostener esta figura deformada en que han convertido a la Justicia.

21 de junio de 2005

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